Corte Superior de Lima cobra multas

LOGRO. ESTA SEDE JUDICIAL AUMENTA PROGRESIVAMENTE SUS INGRESOS POR ESTE RUBRO




Más de 412 mil nuevos soles fueron recaudados durante 2009

La Corte Superior de Justicia de Lima incrementa progresivamente sus ingresos por concepto de cobro de multas que se imponen a las partes procesales o a los abogados. Ayer, reveló que durante el año pasado logró recaudar por tal rubro 412 mil 85 nuevos soles y 4 mil 116 dólares, cifras muy superiores a las alcanzadas en 2008: 176 mil 945 nuevos soles y un mil 493 dólares. Este sostenido aumento, refirió la corte capitalina, responde a la política adoptada por su presidente de impulsar el cobro de multas para mejorar los recursos propios.

La jefa de la oficina de servicios judiciales y recaudación de la Corte de Lima, Tatiana del Portal Parra, informó que más de 120 mil nuevos soles recaudados durante 2009 responden a multas por concepto de casación, que se imponen a la parte procesal por recurrir sin mayor sustento jurídico a este recurso.

Acciones

La funcionaria señaló que en 2009 se capacitaron a especialistas legales en el uso del sistema de multas, que permite efectuar el cálculo de intereses y costas. “Estamos oficiando a los magistrados y coordinando el desarchivamiento de aquellos expedientes de multas que no fueron cobradas, con el fin de incrementar la cifra de multas pagadas”, agregó Del Portal Parra.

Derecho a la información que tiene la gestante

Toda persona tiene derecho a obtener información sobre su salud. Así está reconocido explícitamente en diversos protocolos que regulan el funcionamiento de los establecimientos de salud del país. Proporcionar información a los usuarios y usuarias de los servicios de salud genera una relación de confianza con el profesional de la salud, contribuye a realizar con éxito el tratamiento y establece las bases para brindar un trato adecuado a quienes hacen uso de dichos servicios.

En lo relacionado con la salud materna, las atenciones prenatales constituyen el escenario ideal para que el personal de salud informe a la gestante sobre sus derechos, involucre a su pareja y familiares en el proceso del embarazo y parto, promueva el mayor número posible de atenciones prenatales y fomente el parto en el establecimiento de salud. En los últimos años, el Ministerio de Salud (Minsa) ha puesto especial interés en asegurar que las gestantes se encuentren informadas, en particular sobre los signos de alarma que aparezcan durante el embarazo. A este respecto, en la segunda supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo a los servicios de ginecología y obstetricia de 11 regiones del país se detectó que la cefalea, los edemas, el sangrado y la pérdida de líquido por la vagina son algunos de los signos de alarma que más se difunden entre las gestantes, lo que constituye un significativo avance en la atención de la salud materna. No obstante, la información sobre algunos otros síntomas –como el zumbido en los oídos– no se brindó a más del 10% de las entrevistadas.

Aspectos a fortalecer

La referida supervisión también permitió identificar algunos aspectos de la atención que requieren ser fortalecidos. Éstos se encuentran principalmente vinculados con el deber del personal de salud de informar a las gestantes sobre sus derechos. Así, por ejemplo, solo el 29% de usuarias señaló que conocía sus derechos en el marco de la atención prenatal, el 51% precisó que no recibió consejería previa a la realización de la prueba para detectar VIH y el 71% no sabía que podía optar por un parto vertical con adecuación intercultural.

En opinión de la Defensoría del Pueblo, la adecuada información de las gestantes durante la etapa prenatal se presenta como una estrategia de sencilla implementación, la cual otorga a las usuarias los elementos suficientes para adoptar un rol activo en el cuidado de su salud que, sumado a la labor del personal de salud, puede contribuir a reducir los casos de muertes maternas prevenibles. Mejorar el acceso de las gestantes a información oportuna, clara y detallada sobre el embarazo y el parto puede representar, en algunos casos, una garantía de sus derechos a la salud y la vida.

Fuente: El Peruano