EN COLEGIOS PÚBLICOS
La Defensoría del Pueblo detectó que de 436 colegios públicos inspeccionados en el país, en el 30 por ciento persiste el cobro indebido durante el proceso de matrícula, según informó ayer la adjunta para la Administración Estatal de esta institución, Susana Silva Hasembank. Detalló que en el 14% de las instituciones visitadas se constató la exigencia del pago de la cuota a la Apafa como una condición previa a la matrícula. En el 24% de los planteles se verificó que estaban cobrando por gastos administrativos, mientras que en el 31% se debía cancelar, previamente a la matrícula, el monto referido a útiles y materiales educativos.
La defensoría recomendó a las instancias descentralizadas del Sector Educación fiscalizar y sancionar a los responsables.
Fuente: El Peruano
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sábado, 10 de abril de 2010
martes, 16 de febrero de 2010
Norma defensorial
Para agilizar la expedición de constancias de ausencia por desaparición forzada solicitadas ante la Defensoría del Pueblo, este organismo modificó la norma para el trámite de verificación de dicha situación de ausencia y expedición de la constancia correspondiente.
Tal es así que la citada entidad precisó las actividades que corresponderá asumir a las oficinas defensoriales y módulos de atención respectivos, y detalló los supuestos de culminación del citado procedimiento de verificación.
Fuente: El Peruano
Tal es así que la citada entidad precisó las actividades que corresponderá asumir a las oficinas defensoriales y módulos de atención respectivos, y detalló los supuestos de culminación del citado procedimiento de verificación.
Fuente: El Peruano
jueves, 14 de enero de 2010
Piden informe sobre colegio Santo Toribio
POR ANUNCIADO CIERRE
La Defensoría del Pueblo solicitó ayer al Ministerio del Educación información respecto a la situación del colegio Santo Toribio de Mogrovejo del Rímac, cuyo cierre anunciado por sus responsables es rechazado por los padres de familia.
El objetivo de la intervención defensorial frente al eventual cierre del plantel es que se cautele el derecho a la continuidad educativa de los menores, informó la jefa de la Oficina Defensorial de Lima, Eliana Revollar.
La funcionaria precisó que mediante un oficio enviado al secretario general del ministerio, Asabedo Fernández, se consultó si existe algún convenio con ese portafolio o con alguna otra institución pública o privada para el funcionamiento de dicho centro educativo, y de existir este acuerdo, si se encuentra vigente o fue resuelto por alguna de las partes.
Asimismo, se pidió información respecto al procedimiento administrativo por seguir en casos como éste, en que se anuncia el cierre de una institución educativa y si los representantes del Colegio Santo Toribio de Mogrovejo solicitaron la autorización de clausura.
Fuente: EL PERUANO
La Defensoría del Pueblo solicitó ayer al Ministerio del Educación información respecto a la situación del colegio Santo Toribio de Mogrovejo del Rímac, cuyo cierre anunciado por sus responsables es rechazado por los padres de familia.
El objetivo de la intervención defensorial frente al eventual cierre del plantel es que se cautele el derecho a la continuidad educativa de los menores, informó la jefa de la Oficina Defensorial de Lima, Eliana Revollar.
La funcionaria precisó que mediante un oficio enviado al secretario general del ministerio, Asabedo Fernández, se consultó si existe algún convenio con ese portafolio o con alguna otra institución pública o privada para el funcionamiento de dicho centro educativo, y de existir este acuerdo, si se encuentra vigente o fue resuelto por alguna de las partes.
Asimismo, se pidió información respecto al procedimiento administrativo por seguir en casos como éste, en que se anuncia el cierre de una institución educativa y si los representantes del Colegio Santo Toribio de Mogrovejo solicitaron la autorización de clausura.
Fuente: EL PERUANO
lunes, 11 de enero de 2010
Desacato a la autoridad
Una de las labores de la Defensoría del Pueblo es supervisar constantemente que la administración estatal cumpla con sus deberes para con la ciudadanía, pero también ha sido testigo del incumplimiento de las normas por parte de ciertos ciudadanos.
Es el caso de una comerciante de la calle José Crespo y Castillo, de la urbanización Libertad, distrito de San Luis; quien realiza una actividad económica informal y que en lugar de acatar las normas, decidió denunciar judicialmente a dicha comuna por abuso de autoridad.
Este caso fue puesto en conocimiento de la oficina de la Defensoría del Pueblo por una vecina, quien presentó ante la oficina defensorial de Lima Este una queja en contra de la Municipalidad de San Luis por considerar que dicha comuna venía incumpliendo con su labor de fiscalización y control de los ruidos molestos generados por el funcionamiento del referido local comercial (restaurante y discoteca).
En respuesta a los comisionados, la comuna informó que cumplieron con notificar a la dueña del local que de continuar alterando la tranquilidad en la zona sería multada e incluso, que su negocio sería clausurado.
Se verificó además que de acuerdo con lo constatado por el personal de Digesa, el referido local venía ocasionado ruidos molestos a los vecinos de la zona al exceder los límites máximos permisibles. Dicho estudio, conocido por la dueña del establecimiento, no impidió que esta ciudadana denuncie a los funcionarios edilicios por el supuesto delito de abuso de autoridad.
En este caso, se advierte que pese a que la autoridad municipal actuó en el marco de sus atribuciones y funciones, muchas veces no es suficiente. Por ello, la defensoría continuará supervisando que las distintas comunas del país cumplan con sus deberes en bienestar de sus vecinos. Sin embargo, queda demostrado que desarrollar una actividad informal solo genera responsabilidades administrativas, civiles y penales para quienes no respetan las normas que rigen la convivencia básica.
Fuente: EL PERUANO
Es el caso de una comerciante de la calle José Crespo y Castillo, de la urbanización Libertad, distrito de San Luis; quien realiza una actividad económica informal y que en lugar de acatar las normas, decidió denunciar judicialmente a dicha comuna por abuso de autoridad.
Este caso fue puesto en conocimiento de la oficina de la Defensoría del Pueblo por una vecina, quien presentó ante la oficina defensorial de Lima Este una queja en contra de la Municipalidad de San Luis por considerar que dicha comuna venía incumpliendo con su labor de fiscalización y control de los ruidos molestos generados por el funcionamiento del referido local comercial (restaurante y discoteca).
En respuesta a los comisionados, la comuna informó que cumplieron con notificar a la dueña del local que de continuar alterando la tranquilidad en la zona sería multada e incluso, que su negocio sería clausurado.
Se verificó además que de acuerdo con lo constatado por el personal de Digesa, el referido local venía ocasionado ruidos molestos a los vecinos de la zona al exceder los límites máximos permisibles. Dicho estudio, conocido por la dueña del establecimiento, no impidió que esta ciudadana denuncie a los funcionarios edilicios por el supuesto delito de abuso de autoridad.
En este caso, se advierte que pese a que la autoridad municipal actuó en el marco de sus atribuciones y funciones, muchas veces no es suficiente. Por ello, la defensoría continuará supervisando que las distintas comunas del país cumplan con sus deberes en bienestar de sus vecinos. Sin embargo, queda demostrado que desarrollar una actividad informal solo genera responsabilidades administrativas, civiles y penales para quienes no respetan las normas que rigen la convivencia básica.
Fuente: EL PERUANO
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