ENTREVISTA. ASEGURA EL JURISTA Y MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, CÉSAR LANDA ARROYO
Al iniciarse la 41a sesión de Corte IDH y pronto la 40a Asamblea de la OEA
Ambas reuniones nos colocarán como vitrina jurídica del continente
paul herrera guerra
pherrera@editoraperu.com.pe
El Perú se está convirtiendo en la capital jurídica de la Organización de Estados Americanos (OEA), no sólo porque en Lima se realizará la 40a Asamblea General de este organismo, sino porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sesionará esta semana en la sede de nuestro Palacio de Justicia, dentro del contexto de la gestación de un “derecho público común latinoamericano”. Así lo reconoce el jurista y miembro del Tribunal Constitucional (TC), César Landa Arroyo, quien del 26 al 28 de abril será el coordinador responsable del seminario taller internacional El rol de la ética en la justicia. Actividad que pondrá también al Perú en la vitrina jurídica, asegura.
¿La 40a Asamblea General de la OEA por efectuarse en el país convierte al Perú en la capital jurídica del continente?
–El Perú se está convirtiendo en la capital jurídica de la OEA, porque también la Corte IDH sesionará esta semana aquí, en Lima, en la sede del Palacio de Justicia, lo cual por vez primera ocurre en nuestro país. Esto es un reconocimiento de que el Estado peruano es un estado de derecho.
¿Cuál es la visión que deben tener los jueces ante este escenario?
–El derecho internacional americano está sentado sobre la base de los derechos nacionales, y se está formando lo que se llama un ‘derecho público común latinoamericano’, fundado en principios y valores como el respeto a la democracia, a los derechos humanos, a una economía libre, social y de mercado. La labor de todo juez es no sólo ser un juez de su expediente sino actuar como un juez ciudadano, también atento a lo que pase en la vida social, la vida pública, y en este caso en la vida internacional, del cual el Perú también es uno de los actores en este momento.
¿Se requiere plantear reformas normativas?
–Es labor de los tribunales –por tanto– la integración de los tratados al derecho interno, con un ojo mirando nuestro derecho interno y, con el otro mirando el derecho internacional del cual el Estado sea obligado.
Código Procesal Constitucional
Existe actualmente una comisión revisora del Código Procesal Constitucional. Como magistrado del TC, ¿es necesario algún cambio?
–Sí, tiene que irse actualizando con la realidad y tiene que escuchar lo que la jurisprudencia ha ido estableciendo, porque los jueces constitucionales a diario vemos la ley cómo está o no funcionando. Por eso, el legislador debería incorporar los planteamientos que la jurisprudencia ha ido estableciendo.
¿Cuáles son esos cambios?
–Falta un punto de articulación entre lo que es decisión del TC y del PJ. En un estado de derecho es importante que haya unidad del sistema jurídico en materia de derechos fundamentales; y el TC tiene que ser el intérprete supremo no sólo nominal, sino real. Ese principio de unidad del sistema de interpretación de los derechos fundamentales hay que fortalecerlo un poco más, mediante una reforma legislativa del Código para evitar contradicciones. El ‘certiorari’ también es importante para atender los casos realmente urgentes. Además, hay que racionalizar el sistema de justicia para que el ciudadano sienta que el tribunal puede hacer predecible sus decisiones en casos similares.
Rol de la ética
¿Por qué abordar el tema del rol de la ética en la justicia?
–La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se hace de conformidad con la ley, y la Constitución en primer lugar. Y el desarrollo práctico de la misma nos pone en evidencia, que como toda tarea humana tiene una serie de debilidades. Se cuestiona muchas veces la honorabilidad, la neutralidad originada muchas veces por problemas que no justifican. Se requiere mucha transparencia en el manejo no sólo de las pruebas sino en el trato con las partes, y el juez ahí tiene para cumplir un rol, una ética. La ética muchas veces no está codificada, entonces queda casi como un valor subjetivo; sin embargo, en otros países la ética ya ha sido objeto de estudio y de desarrollo, incluso desde el punto de vista normativo, incluso se habla de un Código Iberoamericano de Ética Judicial.
El certamen busca difundir esos nuevos elementos que ya se desarrollan en España, Alemania y en América Latina. El rol de la ética en la justicia es un interés general de magistrados, abogados y de estudiantes de derecho con vocación de servicio. De modo tal que la difusión de este taller sobre la ética pondrá en vitrina al Perú en cuanto al interés que existe de la justicia y de la universidad en poder desarrollar un principio de confianza en las decisiones judiciales que sean tomadas bajo las reglas de la ética. Ese principio de confianza otorga seguridad jurídica y estabilidad a cualquier decisión.
Uso del control difuso
El jurista César Landa detecta un uso del control difuso a veces hasta arbitrario. A su juicio, falta además que la Academia de la Magistratura (Amag) brinde cursos de especialización para el uso del control difuso.
En todo caso, advierte la necesidad de que la jurisprudencia del TC establezca criterios mucho más precisos para su uso, o que el Código Procesal Constitucional determine que el control difuso que haga el Poder Judicial sea elevado en consulta en última instancia al TC.
Resalta que el TC ha establecido que tal control no sólo es una tarea judicial, sino también de los tribunales nacionales a nivel administrativo.
Fuente: El Peruano
No hay comentarios:
Publicar un comentario